COMPROMISOS CRISTIANS

Resumen y Propuestas del Informe: A lo largo del VII Informe FOESSA, y de los más de 50 trabajos de investigación realizados dentro de este proyecto se presentan propuestas concretas referidas a cada uno de los ámbitos abordados. Si bien, estas propuestas son plurales y diversas, propias de cada autor, la Fundación FOESSA recoge la preocupación de fondo que revelan dichos trabajos y del porqué de sus propuestas. Desde esta multiplicidad de aportaciones, la visión integradora del Comité Técnico y del Consejo Científico (órganos de los que la Fundación se ha dotado para la elaboración de este Informe) quiere ofrecer una síntesis de aquellos aspectos prioritarios y comunes que han de tenerse en cuenta para construir un nuevo modelo social. Un elemento enriquecedor que queremos considerar es la aportación que hace Cáritas en este sentido. Su presencia cotidiana y cercana a la realidad de las personas ofrece una información veraz e independiente de la situación de exclusión social en nuestro país, que complementa los datos que aparecen en este Informe y avala las conclusiones de la Encuesta sobre integración y necesidades sociales de la Fundación FOESSA. Además, su acción y su compromiso son, sin duda alguna, señas de identidad que ponen de relevancia (con nombres e historias concretas) el constante trabajo realizado para conocer y transformar esta realidad hacia una sociedad más justa y accesible para todas las personas. 1. El desarrollo social y de las personas no es el crecimiento económico Ya en el VI Informe publicado en 2008 quedó constancia de que, en función de los indicadores de crecimiento económico elegidos, obtendríamos una imagen parcial (o incluso distorsionada) de la sociedad. Acercarnos a la realidad social, únicamente a través de indicadores ajenos a las personas nos lleva además, a desentendernos de quienes más sufren. A ocultar e invisibilizar (y en ocasiones incluso a culpabilizar) a los más desfavorecidos. Pero la sociedad no puede crecer sin las personas. El verdadero desarrollo se construye dando prioridad a la vida digna de todos, pero las cifras actuales de desigualdad, pobreza, privación material y exclusión social están configurando un devenir social que excluye a muchos. Por este motivo, proponemos: • Considerar los indicadores de desigualdad, pobreza, exclusión social y privación material como indicadores privilegiados a efectos de elaborar un diagnóstico riguroso de desarrollo social. • Evaluar la acción política, teniendo en cuenta el impacto sobre estos indicadores, prestando especial atención a aquellas políticas que contribuyen al auténtico desarrollo: sanidad, educación, empleo, redistribución de la riqueza, garantía de ingresos (pensiones, rentas mínimas),... 2. Afrontar las consecuencias estructurales de la pobreza La pobreza y la exclusión social son fenómenos estructurales. Hemos constatado que no se deben exclusivamente a la crisis aunque con esta se hayan acentuado sus consecuencias), sino que nos acompañaban incluso en épocas de crecimiento económico. El carácter estructural requiere por tanto la puesta en marcha de políticas redistributivas concretas: ·    Conseguir que la protección social alcance estándares básicos en todo el territorio y que se haga operativa a  través de un sistema de «garantía de mínimos». ·    Desarrollar una protección social desde el fortalecimiento de los servicios sociales públicos, que facilite la promoción y el empoderamiento de las personas, para que no quede reducida a la gestión de las prestaciones económicas. Para la puesta en marcha de medidas eficaces, realmente transformadoras, se requiere de la existencia de mecanismos que garanticen la sostenibilidad de estas iniciativas. Por tanto existe la necesidad de: ·    Construir un compromiso redistributivo ético que nos acerque a la media europea. Los impuestos no pueden quedar al margen de la obligada y necesaria cohesión social, ni se puede poner en peligro la suficiencia de recursos para asumir los riesgos colectivos. No es posible mantener un sistema de servicios públicos equitativo y de calidad sin la aportación de todos los ciudadanos al mismo, a través de los impuestos, cada uno en función de sus ingresos y su patrimonio. Necesitamos mejorar nuestra pedagogía fiscal para romper la contradicción de valorar muy positivamente la universalidad de nuestro sistema de bienestar y, por otro lado, querer pagar cada vez menos impuestos. 3. Una sociedad que apuesta firmemente por el bien común Consideramos que el bien común debe ser provechoso para todos, salvo que por razón de justicia y equidad haya de favorecer a los más débiles, por ser los principales destinatarios de un proceso estructuralque les arrincona. Para ello partimos de dos premisas como referencia: ·    Construir una sociedad basada en derechos universales y no en privilegios individuales. ·    Priorizar a aquellos que están en una situación de mayor vulnerabilidad, tanto en España como fuera de nuestras fronteras. La propuesta actual de contrato social apoya a aquellos a los que «les va bien», bajo el supuesto (que se ha demostrado fallido), de que esto genera un efecto contagio que termina por mejorar también las condiciones de vida de los más vulnerables. Pero queda demostrado que esta lógica está creando estructuras de desigualdad y pobreza. Por ello, este nuevo contrato social se asienta sobre diferentes aspectos: ·    Es un contrato redistributivo basado en derechos,lo que implica superar la discrecionalidad del asistencialismo y asumir la cohesión social como principio fundamental. ·    Conlleva la necesidad de una mayor coordinación entre instituciones, administraciones y territorios, que debe racionalizar las ineficiencias del sistema y que debe ser dotado de recursos adecuados. ·    Es un contrato intergeneracional en el que los jóvenes asumen un papel activo participante y en plenitud en la sociedad. ·    Es un contrato de regeneración institucional y de regeneración social pues se trata de que contribuyamos a asumir los riesgos colectivamente, con responsabilidad de todos. ·    En este nuevo contexto, es necesario un mayor papel de la sociedad civil que conllevará un fortalecimiento de «lo público». Ambos espacios se complementan y se configuran como constructores del bien común desde los principios de la solidaridad y la subsidiariedad. Así, proponemos: ·    Considerar el gasto social como «inversión social», priorizando aquellos ámbitos que son más correctores en  érminos de desigualdad (inversión en sanidad y en educación, en pensiones y rentas mínimas). ·    Eliminar la sobrecarga que recae sobre los hogares, tanto por el debilitamiento de los servicios públicos, como por el impacto de la crisis. ·    Implementar políticas familiares eficaces y con recursos suficientes que contrarresten, entre otras cosas, el riesgo actual que conlleva la presencia de menores en el hogar. ·    En concreto, la puesta en marcha de una política eficaz que evite la transmisión intergeneracional de la pobreza que es uno de los peligros latentes en el presente y de especial gravedad para el futuro. En síntesis: una nueva agenda de políticas públicas que prioricen a los más excluidos Consideramos que no es cierto (ni asumible) que no se pueda hacer nada más que lo que se está haciendo. Son muchas las personas y los estudios rigurosos que confirman que existen nuevas formas de organizar nuestro proyecto social, y que no están cerrados los abanicos de oportunidades. En esta nueva forma de gestión, la sociedad civil debe tener mayor peso (en el diseño, organización y en la gestión). Debemos replantear la relación entre lo público, lo privado (el mercado) y lo social (lo voluntario, sin fin lucrativo…). Una agenda donde no participen únicamente los actores tradicionales (Gobierno, empresarios y sindicatos) sino abierta a los nuevos movimientos sociales, expresión de enriquecedoras formas de ciudadanía, y a las organizaciones del Tercer Sector, especialistas en crear puentes y mantener la cohesión social de nuestro país. Esto no es posible sin el fortalecimiento de los valores cívicos de la sociedad civil, capaz de construir y reivindicar unas instituciones verdaderamente éticas y democráticas, que se hagan cargo de los más vulnerables como prioridad para construir un verdadero desarrollo desde el bien común: ·    Tomar decisiones políticas concretas (diseño y planificación, puesta en marcha de ajustes presupuestarios…) evaluadas en términos de equidad. ·    Priorizar aquellas medidas políticas que suponen una mejora en las condiciones de vida de los más pobres.