Resumen y Propuestas del Informe:
A lo largo del VII Informe FOESSA, y de los más de 50
trabajos de investigación realizados dentro de este proyecto se
presentan propuestas concretas referidas a cada uno de los
ámbitos abordados. Si bien, estas propuestas son plurales y diversas,
propias de cada autor, la Fundación FOESSA recoge la preocupación de
fondo que revelan dichos trabajos y del porqué de sus propuestas. Desde
esta multiplicidad de aportaciones, la visión integradora del Comité
Técnico y del Consejo Científico (órganos de los que la Fundación se ha
dotado para la elaboración de este Informe) quiere ofrecer una síntesis
de aquellos aspectos prioritarios y comunes que han de tenerse en cuenta
para construir un nuevo modelo social.
Un elemento enriquecedor que queremos
considerar es la aportación que hace Cáritas en este sentido. Su
presencia cotidiana y cercana a la realidad de las personas ofrece una
información veraz e independiente de la situación de exclusión social en
nuestro país, que complementa los datos que aparecen en este Informe y
avala las conclusiones de la Encuesta sobre integración y necesidades
sociales de la Fundación FOESSA. Además, su acción y su compromiso son, sin
duda alguna, señas de identidad que ponen de relevancia (con nombres e
historias concretas) el constante trabajo realizado para conocer y
transformar esta realidad hacia una sociedad más justa y accesible para
todas las personas.
Ya en el VI Informe publicado en 2008
quedó constancia de que, en función de los indicadores de
crecimiento económico elegidos, obtendríamos una imagen parcial (o
incluso distorsionada) de la sociedad.
Acercarnos a la realidad social,
únicamente a través de indicadores ajenos a las personas nos lleva
además, a desentendernos de quienes más sufren. A ocultar e
invisibilizar (y en ocasiones incluso a culpabilizar) a los más
desfavorecidos. Pero la sociedad no puede crecer sin las personas. El
verdadero desarrollo se construye dando prioridad a la vida digna
de todos, pero las cifras actuales de desigualdad, pobreza, privación
material y exclusión social están configurando un devenir social
que excluye a muchos. Por este motivo, proponemos:
• Considerar los indicadores de desigualdad, pobreza, exclusión social y privación material como indicadores privilegiados a efectos de elaborar un diagnóstico riguroso de desarrollo social.
• Evaluar la acción política, teniendo
en cuenta el impacto sobre estos indicadores, prestando
especial atención a aquellas políticas que contribuyen al auténtico
desarrollo: sanidad, educación, empleo, redistribución de la riqueza,
garantía de ingresos (pensiones, rentas mínimas),...
La pobreza y la exclusión social son
fenómenos estructurales. Hemos constatado que no se deben exclusivamente a
la crisis aunque con esta se hayan acentuado sus consecuencias), sino
que nos acompañaban incluso en épocas de crecimiento económico.
El carácter estructural requiere por
tanto la puesta en marcha de políticas redistributivas concretas:
· Conseguir que la
protección social alcance estándares básicos en todo el territorio y que
se haga operativa a través de un sistema de «garantía de
mínimos».
· Desarrollar una
protección social desde el fortalecimiento de los servicios sociales
públicos, que facilite la promoción y el empoderamiento de las
personas, para que no quede reducida a la gestión de las prestaciones
económicas.
Para la puesta en marcha de medidas
eficaces, realmente transformadoras, se requiere de la
existencia de mecanismos que garanticen la sostenibilidad de estas
iniciativas. Por tanto existe la necesidad de:
· Construir un
compromiso redistributivo ético que nos acerque a la media europea.
Los impuestos no pueden quedar al margen de la obligada y necesaria
cohesión social, ni se puede poner en peligro la suficiencia de
recursos para asumir los riesgos colectivos. No es posible mantener
un sistema de servicios públicos equitativo y de calidad sin la
aportación de todos los ciudadanos al mismo, a través de
los impuestos, cada uno en función de sus ingresos y su patrimonio.
Necesitamos mejorar nuestra pedagogía fiscal para romper la
contradicción de valorar muy positivamente la universalidad de
nuestro sistema de bienestar y, por otro lado, querer pagar cada vez
menos impuestos.
Consideramos que el bien común debe ser
provechoso para todos, salvo que por razón de justicia y equidad haya de
favorecer a los más débiles, por ser los principales destinatarios de un
proceso estructuralque les arrincona. Para ello partimos de dos premisas
como referencia:
· Construir una sociedad
basada en derechos universales y no en privilegios individuales.
· Priorizar a aquellos
que están en una situación de mayor vulnerabilidad, tanto en
España como fuera de nuestras fronteras.
La propuesta actual de contrato social
apoya a aquellos a los que «les va bien», bajo el supuesto (que se ha
demostrado fallido), de que esto genera un efecto contagio que termina por
mejorar también las condiciones de vida de los más vulnerables. Pero
queda demostrado que esta lógica está creando estructuras de desigualdad
y pobreza. Por ello, este nuevo contrato social se asienta sobre diferentes
aspectos:
· Es un contrato
redistributivo basado en derechos,lo que implica superar la
discrecionalidad del asistencialismo y asumir la cohesión
social como principio fundamental.
· Conlleva la necesidad
de una mayor coordinación entre instituciones, administraciones y
territorios, que debe racionalizar las ineficiencias del sistema y
que debe ser dotado de recursos adecuados.
· Es un contrato
intergeneracional en el que los jóvenes asumen un papel activo
participante y en plenitud en la sociedad.
· Es un contrato de
regeneración institucional y de regeneración social pues se trata de
que contribuyamos a asumir los riesgos colectivamente, con
responsabilidad de todos.
· En este nuevo contexto,
es necesario un mayor papel de la sociedad civil que conllevará un
fortalecimiento de «lo público». Ambos espacios se complementan y se
configuran como constructores del bien común desde los principios
de la solidaridad y la subsidiariedad.
Así, proponemos:
· Considerar el gasto
social como «inversión social», priorizando aquellos ámbitos que
son más correctores en érminos de desigualdad (inversión en
sanidad y en educación, en pensiones y rentas mínimas).
· Eliminar la sobrecarga
que recae sobre los hogares, tanto por el debilitamiento de los
servicios públicos, como por el impacto de la crisis.
· Implementar políticas
familiares eficaces y con recursos suficientes que contrarresten, entre
otras cosas, el riesgo actual que conlleva la presencia de menores en el
hogar.
· En concreto, la puesta
en marcha de una política eficaz que evite la transmisión
intergeneracional de la pobreza que es uno de los
peligros latentes en el presente y de especial gravedad para el
futuro.
Consideramos que no es cierto (ni
asumible) que no se pueda hacer nada más que lo que se está haciendo.
Son muchas las personas y los estudios rigurosos que confirman que existen
nuevas formas de organizar nuestro proyecto social, y que no están
cerrados los abanicos de oportunidades.
En esta nueva forma de gestión, la sociedad civil debe tener mayor peso (en el diseño, organización y en la gestión). Debemos replantear la relación entre lo público, lo privado (el mercado) y lo social (lo voluntario, sin fin lucrativo…). Una agenda donde no participen únicamente los actores tradicionales (Gobierno, empresarios y sindicatos) sino abierta a los nuevos movimientos sociales, expresión de enriquecedoras formas de ciudadanía, y a las organizaciones del Tercer Sector, especialistas en crear puentes y mantener la cohesión social de nuestro país. Esto no es posible sin el fortalecimiento de los valores cívicos de la sociedad civil, capaz de construir y reivindicar unas instituciones verdaderamente éticas y democráticas, que se hagan cargo de los más vulnerables como prioridad para construir un verdadero desarrollo desde el bien común:
· Tomar decisiones
políticas concretas (diseño y planificación, puesta
en marcha de ajustes presupuestarios…) evaluadas en
términos de equidad.
· Priorizar aquellas
medidas políticas que suponen una mejora en las condiciones de vida
de los más pobres.
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PRESENTACIÓ
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